Un dilema jubilatorio: entre moratorias, aumentos y reformas pendientes

El actual esquema propuesto enciende críticas y reaviva una problemática histórica. Por qué la recomposición de sus haberes sería un arma de doble filo. Una abogada previsional de la ciudad lo analiza.

 El sistema jubilatorio argentino atraviesa un momento de alta tensión, marcado por reformas postergadas, decisiones políticas controvertidas y una creciente incertidumbre tanto para los actuales beneficiarios como para quienes están cerca de cumplir la edad jubilatoria.

La reciente prórroga de la moratoria previsional, el anuncio de un veto presidencial, el otorgamiento de un aumento extraordinario del 7,2% y el debate sobre nuevos esquemas de movilidad reflejan la complejidad de un sistema que hace años evidencia señales de agotamiento.

En este contexto, resulta clave analizar los distintos frentes del conflicto y las alternativas que se discuten para evitar que miles de personas queden excluidas del derecho a una jubilación digna. Una especialista en materia previsional, la abogada con orientación en Derecho Tributario, Verónica Grimaldi, explicó en LA BRÚJULA 24 el complejo entramado.

"La situación de los jubilados argentinos se encuentra en un momento crítico, atravesada por decisiones que impactarán tanto a quienes ya perciben beneficios como a quienes están próximos a jubilarse. Para entender la complejidad del escenario actual, es fundamental distinguir entre estos dos grupos y analizar las medidas que están en discusión", resaltó Grimaldi, al inicio de su testimonio.

El dilema de los próximos jubilados

Consultada respecto a la situación que se avecina, aseveró: "La eliminación de la moratoria previsional plantea un problema concreto: las personas que no cuentan con 30 años de aportes no podrán acceder al beneficio jubilatorio. Si bien las mujeres tienen la posibilidad de compensar aportes con tareas de cuidado de hijos, la realidad es que esta exigencia de treinta años de servicios con aportes se ha vuelto de imposible cumplimiento para la mayoría de los argentinos".

"Los números en tal sentido son contundentes. De cada diez personas que obtuvieron beneficio previsional el año pasado, solo tres lo hicieron sin recurrir a la moratoria. Esta estadística evidencia la necesidad urgente de reformar el sistema previsional", afirmó, de manera lapidaria.

Una propuesta de reforma: haberes proporcionales

El panorama en este contexto pareciera a todas luces inconsistente en el mediano plazo. Es por eso, que la entrevistada consideró que "la solución podría encontrarse en establecer haberes proporcionales en función de los años trabajados, siguiendo el modelo implementado en muchas partes del mundo. Un sistema donde, por ejemplo, a partir de 15 o 20 años de aportes se pueda obtener un beneficio parcial, y un beneficio "completo" a partir de 30 años".

"Esta modalidad premia el esfuerzo contributivo, corrigiendo la actual distorsión donde, por ejemplo, una persona con 25 años de aportes no puede jubilarse, mientras que muchas han podido hacerlo sin aportes mediante las moratorias previsionales", diferenció, en otro tramo de la charla.

El vaivén político: prórroga y veto anunciado

En relación a lo sucedido recientemente en el Senado, en una sesión que estuvo en los primeros planos de la opinión pública, Grimaldi recordó que "la reciente ley sancionada por el Congreso el pasado jueves 10 de julio prorrogó por dos años más la moratoria vigente. Sin embargo, el Presidente anunció que será vetada. Pese a ello, si se mantienen los 39 votos particulares registrados en la votación, no se alcanzarían los dos tercios necesarios para insistir con este punto de la ley".

El aumento de 7,2%: un alivio parcial

"La misma ley dispuso un aumento jubilatorio extraordinario del 7,2% para todas las prestaciones del régimen general de Anses. Esto significa que la jubilación mínima, a julio, pasaría de $309.295 a $331.564. Sumando el bono de $110.000, la prestación mínima total ascendería a $441.564", infirió.

Siguiendo en el mismo tren de pasar en limpio los números, detalló: "Para las prestaciones máximas, el monto se elevaría de $2.081.261 a $2.231.111. Todo esto, claro está, en caso de que el veto presidencial no se aplique".

La historia detrás del aumento

El incremento de 7,2% no es arbitrario: dicho guarismo surge del cálculo de la diferencia respecto al Índice de Precios al Consumidor de enero de 2024. Para entender su origen, es necesario repasar los cambios en las fórmulas de movilidad jubilatoria.

"Antes de julio de 2024, regía la Ley 27.609, cuya fórmula combinaba recaudación tributaria de Anses y evolución de los salarios (RIPTE o ISAL). Esta normativa tenía un retraso de tres meses y otorgaba cuatro aumentos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre). Estaba diseñada para aplicar la menor de las dos variables, motivo por el cual durante su vigencia los jubilados y pensionados perdieron más del 50% de su poder adquisitivo", enfatizó, intentando bajar al llano aspectos técnicos.

No obstante, la letrada hizo una salvedad: "Esta pérdida fue reconocida tanto por el decreto 274/24, el 782/24 y por seis Cámaras federales del interior del país, entre ellas la de Bahía Blanca".

El nuevo esquema: IPC retrasado

Grimaldi sumó un dato que se debe tener en cuenta: "A partir de julio de 2024 comenzó a regir la actual fórmula de movilidad dispuesta por el decreto 274/2024, que establece la aplicación del IPC retrasado dos meses. Sin embargo, el decreto dispuso que a cuenta de la movilidad de la ley 27.609, se comenzaría a aplicar el nuevo sistema desde abril de 2024".

"En abril se otorgó el aumento del IPC de febrero de 2024 más un plus del 12,5% para 'compensar'; enero de 2024, mes en el que la inflación había sido del 20,6%. Aunque en junio se aplicó el aumento de la Ley 27.609 con un resultado inferior al otorgado por el gobierno como 'adelanto', el 7,2% aprobado la semana pasada tiene como objeto contrarrestar el desfasaje con la inflación respecto de enero de 2024", sintetizó.

Una deuda pendiente

Sobre el final, analizó que "es importante destacar que este aumento, aunque significativo, no repara la pérdida que vienen sufriendo los jubilados desde 2017. La compensación es parcial y se limita a un mes específico, dejando intacta una merma acumulada que ha erosionado sistemáticamente el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional".

"La situación actual refleja la necesidad de una reforma que tenga en cuenta la situación del mercado laboral, el envejecimiento de la población y la fuente de financiamiento. Las decisiones que se tomen definirán no solo el presente de quienes ya perciben beneficios, sino también el futuro de quienes aspiran a una jubilación después de décadas de trabajo", cerró Grimaldi.

La situación se encuentra atravesada por una compleja combinación de factores. En este contexto, se hace cada vez más urgente una reforma estructural que garantice la equidad, la sustentabilidad financiera y la previsibilidad del régimen. De lo contrario, se puede llegar muy tarde y las consecuencias serían inimaginablemente negativas.

la brujula